El proyecto legislativo que busca incrementar los giros del Gobierno central a los departamentos enfrenta un nuevo obstáculo: definir quién asumirá los gastos asociados. Aunque la propuesta, que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), ha superado seis de los ocho debates necesarios para su aprobación, el aumento de los recursos solo será viable si se aprueba una ley que establezca las responsabilidades financieras entre la nación y los departamentos.
A pesar de las advertencias de varios economistas, como el exviceministro Andrés Pardo y el actual ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, la propuesta ha avanzado en el Congreso con un amplio respaldo, alcanzando 80 votos a favor en la última plenaria del Senado. Sin embargo, Bonilla, quien inicialmente calificó la iniciativa como “insostenible” para las finanzas del país, aceptó una versión modificada del proyecto, que reduce la participación de los ingresos de 46,5 % a 39,5 % y extiende el plazo de implementación de 10 a 12 años.
Uno de los principales promotores de la reforma, Daniel Castellanos, asesor del Ministerio del Interior, aclaró que el próximo paso será una ley de competencias que deberá ser discutida entre 2025 y 2026. Esta normativa definirá los gastos que cada nivel de gobierno deberá asumir, permitiendo una asignación más flexible de los recursos del SGP, actualmente restringidos a sectores como educación y salud.
Con este ajuste en el proyecto, se espera que la reforma pueda entrar en vigor de manera gradual a partir de 2027, siempre y cuando los legisladores logren acuerdos sobre la distribución de gastos entre el Gobierno central y las regiones.