El excanciller Álvaro Leyva Durán fue inhabilitado por 10 años por la Procuraduría General de la Nación, tras su decisión de declarar desierta la licitación de 2023 para la expedición de pasaportes.
La licitación, que estaba por adjudicarse a la empresa Thomas Greg & Sons por un valor de 600.000 millones de pesos, fue anulada por Leyva durante su mandato al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Al final de la audiencia, Leyva expresó: «Lo de hoy no es jurídico, es absolutamente político», refiriéndose a la sanción que considera como una acción más vinculada a factores políticos que a fundamentos legales.
Según el exministro, su decisión de declarar desierta la licitación estuvo motivada por la falta de garantías en el proceso y la necesidad de evitar posibles irregularidades.
La Procuraduría argumentó que la actuación de Leyva, al haber tomado la decisión sin una justificación técnica adecuada, vulneró los principios de transparencia y legalidad, y que ello afectó el proceso de contratación pública de un servicio esencial como la expedición de pasaportes.
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La sanción de inhabilidad por 10 años significa que Leyva no podrá ejercer cargos públicos durante ese periodo. La medida ha generado controversia, ya que algunos sectores políticos y legales la ven como un claro mensaje a la gestión pública, mientras que otros defienden la actuación del excanciller como una defensa de la transparencia en los procesos administrativos.
Por el momento, Leyva ha anunciado su intención de apelar la decisión ante las instancias correspondientes, sosteniendo que su actuación estuvo siempre en aras del interés público y no con fines políticos.