La Procuraduría General de la Nación apoyó la solicitud de la Fiscalía para imponer detención preventiva en un establecimiento carcelario contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial señalada de participar en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el delegado de la Procuraduría, la detención es necesaria para investigar delitos graves que afectan la administración pública y el orden económico y social.
La Fiscalía acusa a Ortiz de actuar como intermediaria en las supuestas entregas de sobornos dentro de la UNGRD, lo que habría facilitado la apropiación indebida de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo. Sin embargo, Ortiz ha negado los cargos y su abogado, Oswaldo Medina, ha cuestionado el proceso, argumentando que la Fiscalía ha ejercido presión indebida sobre su cliente.