Los colombianos son acusados de presuntamente estar involucrados en una red criminal que opera haciendo préstamos con altos intereses y amenazas.
La Fiscalía de El Salvador en colaboración con Migración y Extranjería y la policía salvadoreña, llevó a cabo una investigación que desmanteló una red criminal compuesta por colombianos que ofrecían créditos con un interés del 20%. Posteriormente, empleaban tácticas de cobro coercitivas, conocidas como «gota a gota», mediante amenazas y hostigamiento para recuperar el dinero prestado.
Las autoridades revelaron que, en el caso de que las víctimas no pudieran pagar los préstamos, los delincuentes robaban sus identidades y accedían a sus cuentas bancarias, transfiriendo el dinero al extranjero.
El Fiscal General de El Salvador, Rodolfo Delgado, informó que desde 2021 hasta la fecha actual, se han enviado remesas a Colombia por más de 20 millones de dólares. Además, se han presentado aproximadamente 3000 denuncias relacionadas con actividades criminales cometidas principalmente por ciudadanos colombianos, incluyendo estafas y fraudes informáticos.
Entre los presuntos implicados en esta red delictiva se encuentran exintegrantes de la policía y el ejército de Colombia. Las primeras etapas de la investigación han resultado en la detención de 110 personas, en su mayoría colombianos.
El ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, advirtió que más de 400 colombianos que permanecen en el país de manera irregular y se cree que están colaborando con esta estructura criminal, tienen un plazo de 72 horas para abandonar El Salvador voluntariamente o enfrentarán acciones judiciales.
El presidente Nayib Bukele, en medio de la situación, hizo un llamado a los colombianos honrados y respetuosos a que visiten su país, pero advirtió que aquellos que busquen aprovecharse de los demás deberán enfrentar la justicia y serán enviados a prisión.
La desarticulación de esta red criminal representa un importante paso en la lucha contra el crimen organizado en El Salvador y envía un mensaje claro de que las autoridades no tolerarán actividades delictivas que afecten la seguridad y bienestar de sus ciudadanos.