En las horas de la noche, del día de ayer, el Senado avanzo en la ley de reducción de sueldos a los funcionarios del Estado.
El proyecto de ley enfocado en la reforma salarial de altos funcionarios del Estado logró superar dos de los cuatro debates necesarios para su aprobación. La iniciativa que también contempla recortar los sueldos de congresistas, se encamina ahora hacia la Cámara de Representantes, donde se espera otro ardoroso debate.
A pesar de las resistencias y obstáculos encontrados durante el debate, el pulso de esta crucial propuesta ahora se traslada al recinto de la Cámara de Representantes. Hasta este punto los congresistas perciben ingresos mensuales de hasta 43 millones de pesos, incluyendo una prima de 15 millones.
Este proyecto de ley busca eliminar dicha prima y establecer un tope salarial que no exceda los 25 salarios mínimos legales vigentes. De ser aprobada la ley, no solo aplicará para los congresistas, sino también para los altos funcionarios del Estado.
Sin embargo, la discusión en torno al proyecto ha experimentado frenos en varias ocasiones. En el transcurso de esta semana la sesión ha sido postergada dos veces debido a diversas objeciones por parte de congresistas, que parecen hallar excusas para evitar que se disminuyan sus ingresos.
La jornada del martes estuvo marcada por una disputa relacionada con el Senador Miguel Uribe, quien denunció que algunos congresistas estarían recibiendo fondos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para peajes y gasolina.
El camino hacia la aprobación de esta reforma aún es largo. El proyecto debe superar dos debates adicionales en el Congreso para finalmente convertirse en ley. También es importante tener en cuenta los antecedentes de proyectos similares, como la anulación de una ley, en 2020, que buscaba reducir los salarios de los congresistas a través de impuestos. Esto se debió en parte a la interconexión de los salarios legislativos con los de otros cargos gubernamentales, lo que implicaría no solo una reducción para los legisladores, sino también para otros empleados estatales que no son elegidos por el voto popular.