La comisión gubernamental que incluía a veinte funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía fue atacada mientras se dirigía a la vereda Bocas del Manso en Tierralta, Córdoba. Los funcionarios se encontraban en ruta para investigar el inquietante caso de intimidación supuestamente perpetrado por presuntos disidentes de las FARC.
El helicóptero en el que viajaban los funcionarios recibió impactos de balas de armas de largo alcance, aunque afortunadamente no se reportaron heridos entre los ocupantes. Debido al claro riesgo de un posible atentado la comisión tuvo que desviarse hacia el municipio de Carepa, en el departamento de Antioquia, para aterrizar en un lugar seguro. Se informó que los disparos alcanzaron el tanque de gasolina del helicóptero, lo que aumentó la preocupación por la seguridad de la misión.
La comisión se dirigía a Tierralta para llevar a cabo investigaciones sobre la intimidación que habría sido perpetrada por individuos que supuestamente se hacían pasar por disidentes de las FARC, aunque se ha planteado la posibilidad de que fueran miembros del Batallón de Infantería ‘Batalla de Junín’. El objetivo principal de esta misión era recopilar pruebas testimoniales y documentales para esclarecer las circunstancias precisas de los hechos.
El procurador delegado para los Derechos Humanos Javier Sarmiento enfatizó: que desde la entidad ya se están tomando medidas para investigar y esclarecer este incidente. La situación resalta la compleja realidad de seguridad en ciertas áreas de Colombia y la necesidad de abordar de manera efectiva las denuncias de hostigamiento y violencia por parte de grupos armados y fuerzas de seguridad.