Las recientes confesiones del excoronel Hugo Aguilar en una Audiencia Única de Aporte a la Verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), han generado un debate acalorado sobre la presunta alianza entre la fuerza pública y el grupo denominado Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes) en los operativos que se hicieron contra el narcotraficante en 1993.
Aguilar reveló que, mientras se desempeñaba como comandante operativo del Bloque de Búsqueda, el general Miguel Maza Márquez le solicitó reunirse con Carlos Castaño y alias ‘Don Berna’, destacados miembros de los Pepes, para obtener información que pudiera llevar a la captura de Escobar. Aunque el coronel Hugo Martínez Poveda, comandante del Bloque, supuestamente rechazó reunirse personalmente con los narcotraficantes, estuvo al tanto de los contactos que se llevaron a cabo.
«Para esa fecha el señor general Maza le informó al coronel Hugo Martínez Poveda que debíamos recibir a Carlos Castaño y a alias Don Berna, que ellos querían aportar ciertas informaciones y la ubicación exacta para la captura de Pablo Escobar. Efectivamente nosotros recibimos con el mayor Danilo González a alias Don Berna y Carlos Castaño en la Escuela Carlos Holguín. El comandante (coronel Martínez Poveda) dijo que no hablaba con esos criminales», declaró Aguilar ante la JEP.
El también exgobernador de Santander mencionó supuestos acuerdos con los Pepes, señalando que altos mandos de la fuerza pública estaban al tanto de estos contactos; afirmó que la relación incluyó la colaboración de Carlos Castaño y ‘Don Berna’ proporcionando información al Bloque de Búsqueda y solicitando un contacto con representantes de la DEA y la CIA.
Además, Aguilar mencionó un acuerdo entre agentes de la DEA, Javier Peña y otro llamado Steve, con el líder paramilitar Ramón Isaza para bloquear el ingreso de Escobar a Puerto Triunfo, Antioquia.
Estas revelaciones han reavivado el debate sobre la relación entre las fuerzas de seguridad y los Pepes durante la persecución del capo de Medellín, planteando preguntas sobre la ética y legalidad de tales alianzas. Las autoridades competentes están evaluando la información proporcionada, mientras la sociedad demanda claridad y rendición de cuentas en relación con estos eventos históricos. La JEP continuará su investigación para esclarecer estos sucesos y determinar las consecuencias judiciales pertinentes.