¿Podría haber racionamiento de electricidad en la costa Caribe?

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¿Podría haber racionamiento de electricidad en la costa Caribe?
¿Podría haber racionamiento de electricidad en la costa Caribe?

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, ha instalado la colaboración entre sus homólogos del Caribe colombiano, para solicitar conjuntamente una medida cautelar contra la resolución 701028 de 2023 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Zuleta Bechara sostiene que esta resolución establece un límite máximo en la generación de las hidroeléctricas de la región, perturbando el flujo normal de energía desde la fuente de menor costo hasta la de mayor costo.

El gobernador cordobés ha advertido sobre las posibles consecuencias graves para el Caribe colombiano si se limita el precio de las generadoras hidroeléctricas. Entre estas consecuencias se incluyen posibles aumentos en las tarifas de electricidad para los usuarios y un agotamiento acelerado de los embalses, lo que podría resultar en racionamiento eléctrico en los meses venideros. «No es solamente un aumento tarifario, sino que también va a hacer un aumento en el gasto y distribución de los embalses, lo que puede generar un racionamiento. Es para que lo tengamos en cuenta», afirmó Zuleta Bechara.

Ante este panorama, el gobernador ha propuesto la unión de los mandatarios regionales del Caribe para presentar una demanda conjunta contra la CREG y buscar una medida cautelar que suspenda los efectos de la resolución 701028. Según Zuleta, esto contribuiría a evitar mayores perjuicios para la población caribeño.

Es relevante recordar que la región del Caribe colombiano ha enfrentado problemas en el servicio eléctrico en los últimos años, con cortes prolongados durante varias horas del día. La posibilidad de un racionamiento eléctrico añadiría presión a la ya existente crisis energética en la región. Se espera que en los próximos días los gobernadores caribeños analicen la propuesta del mandatario cordobés y tomen decisiones sobre posibles acciones legales para detener la implementación de la controvertida resolución de la CREG.

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