La Sala de Justicia y Paz ha convocado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para comparecer los días primero y cuatro de marzo con el fin de discutir la solicitud presentada por su abogado para cambiar su medida de aseguramiento, lo que podría conducir a su liberación. Esta diligencia se llevará a cabo de manera virtual, y se ha solicitado al director de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde Mancuso está recluido, garantizar su participación en la audiencia desde la prisión en las fechas y horas establecidas por el tribunal.
La citación también insta a la defensa de Mancuso a presentar cualquier documentación adicional que respalde sus pretensiones de manera digital y organizada, para ser revisada por el tribunal y los sujetos procesales, así como por la Fiscalía 46 delegada ante el Tribunal, que deberá presentar un informe actualizado sobre el estado de la judicialización de los casos por los que Mancuso está siendo procesado bajo la Ley 975 de 2005.
La solicitud de libertad presentada por la defensa de Mancuso se fundamenta en la consideración de que no existen razones para privarlo de su libertad, aunque la Corte Constitucional ha establecido un plazo hasta el 22 de marzo para que el Tribunal de Bogotá se pronuncie al respecto. Mancuso continúa detenido en el pabellón de máxima seguridad de extraditables en la cárcel La Picota, enfrentando 58 medidas de aseguramiento emitidas por las salas de control de garantías de tribunales judiciales.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la posible liberación de Mancuso y su implicación en los delitos por los que está siendo procesado, así como sobre el alcance y la efectividad de la Ley de Justicia y Paz en la búsqueda de la verdad y la reconciliación en Colombia. La decisión que tome el tribunal en relación con la solicitud de libertad tendrá importantes repercusiones en el proceso de justicia transicional en el país.
La convocatoria a la audiencia virtual para discutir la solicitud de libertad de Mancuso refleja la importancia y la complejidad del caso, así como la necesidad de garantizar un proceso judicial justo y transparente. La participación de todas las partes involucradas, incluida la Fiscalía, es fundamental para asegurar que se respeten los derechos de todas las partes y se llegue a una decisión justa y equitativa.
El resultado de esta audiencia será seguido de cerca por la opinión pública y por las organizaciones de derechos humanos, quienes están atentos a cómo se aplicará la justicia en un caso que involucra a uno de los exjefes paramilitares más prominentes de Colombia y que tiene implicaciones significativas para el proceso de paz y reconciliación en el país.