La revista RAYA ha obtenido acceso a nueve resoluciones que han sido emitidas por la fiscal encargada, Martha Janeth Mancera, las cuales han reestructurado significativamente el funcionamiento de la Fiscalía en Colombia. Estas acciones, realizadas en un lapso de tan solo 13 días después de que Mancera asumiera el cargo, han generado preocupación y controversia debido al poder que se ha otorgado a la vicefiscalía, lo que podría limitar la autonomía de la próxima fiscal general.
Según análisis realizados por exfiscales delegados como Elmer Montaña, estas reformas confieren un poder excesivo y poco transparente a la vicefiscalía, lo que sugiere un posible intento de influir en las decisiones futuras del ente acusador. Una de las reestructuraciones más notables afecta al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), a través de la resolución 0081 del 26 de febrero de 2024, la cual modifica la organización interna del organismo y transfiere responsabilidades de seguimiento y evaluación a la vicefiscalía.
Otra resolución relevante, la 0087 del mismo día, delega en la vicefiscalía la facultad de crear, modificar y suprimir grupos internos para el desarrollo de estrategias contra el crimen organizado, otorgándole acceso y control sobre la información recolectada por los fiscales delegados en todo el país. Esta medida plantea interrogantes sobre la independencia y la eficacia futura del ente acusador.
Además, la resolución 0083, emitida también el 26 de febrero, establece la organización interna de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada, creando una megaestructura con diversas subunidades. El autor de esta resolución, Mauricio Andrés Morales Hurtado, también es responsable del proyecto que crea un Centro de Acopio de Información con vocación probatoria para actuaciones relacionadas con estructuras criminales.
Estas reformas, llevadas a cabo en un breve período de tiempo, generan preocupación sobre posibles motivaciones detrás de los cambios estructurales en la Fiscalía. Existe incertidumbre sobre cómo estas decisiones afectarán el funcionamiento y la independencia del ente acusador, así como las implicaciones para la próxima fiscal general, cuya elección se llevará a cabo en la Corte Suprema de Justicia.