La Superintendencia Nacional de Salud anunció la intervención de la EPS Sanitas, una de las más grandes del país con más de cinco millones de afiliados, justo el mismo día en que se discute la reforma a la salud en el Senado, con altas probabilidades de que se hunda. La medida de intervención, que se prolongará por un año, se basa en el incumplimiento de requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados por el comité de medidas especiales de la Superintendencia.
Sanitas, cuyo propietario es el grupo Keralty S.A.S, tiene presencia en varios países además de Colombia. La EPS aún no ha emitido comentarios públicos sobre la intervención, aunque desde la entidad señalaron que la decisión los tomó por sorpresa. Se ha designado un agente interventor y se conformará una junta asesora para garantizar la continuidad de los servicios de salud.
La intervención se produce tras varios meses de tensiones entre Sanitas y el Ministerio de Salud, especialmente en situaciones como la suspensión de suministro de medicamentos NO PBS por parte de Cruz Verde, que llevó al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a solicitar una investigación sobre la EPS. La intervención implica la administración directa de la EPS por parte de la Supersalud, con la designación de un funcionario interventor.
Las reacciones ante la intervención han sido variadas, con algunas voces expresando preocupación por el posible impacto en la atención de los pacientes. Sin embargo, el ministro de salud aseguró que los servicios tanto de la EPS como de la prepagada de Sanitas seguirán prestándose sin inconvenientes. Mientras tanto, figuras políticas han interpretado la intervención como una retaliación del gobierno ante el inminente hundimiento de la reforma a la salud.
El presidente Gustavo Petro destacó la necesidad de salvar el sistema de salud y actuar de acuerdo con la ley y la constitución. La intervención de Sanitas se suma a una serie de medidas adoptadas en medio de una creciente crisis en el sector salud colombiano, con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación de servicios y proteger el derecho fundamental a la salud de la población afiliada.