Tras una reunión clave entre la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, el contralor general de la república y el defensor del Pueblo, se ha decidido iniciar una investigación sobre un escándalo de corrupción relacionado con un presunto desvío de 9 billones de pesos.
Estos fondos, que originalmente estaban destinados a financiar los servicios de salud para los colombianos a través de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), parecen haber sido malversados.
La indagación surge en respuesta a preocupantes hallazgos reportados por la Contraloría, que incluyen una deuda masiva de 25 billones de pesos entre los actores del sistema de salud, un déficit de 12 billones de pesos en la constitución de reservas técnicas (fondos que las EPS deben mantener para cubrir eventualidades futuras), y recientes revelaciones sobre 9 billones de pesos que supuestamente fueron desviados por las EPS.
Para abordar estas acusaciones, la Fiscalía ha organizado un Equipo Especial Conjunto, integrado por fiscales, expertos y peritos de las delegaciones para las Finanzas Criminales, contra la Criminalidad Organizada y para la Seguridad Territorial. Este se encargará de profundizar en la investigación de las anomalías detectadas.