El presidente Gustavo Petro enfrenta acusaciones de colaboración financiera con el ELN durante la década de los 80, según reveló Antonio García, miembro destacado del grupo guerrillero.
García afirma que Petro solicitó apoyo para «movilizarse» mediante impuestos al transporte, los cuales fueron destinados a fines no relacionados con la causa política. Esta revelación surge en un contexto en el que Petro aboga por la paz y la legalidad, distanciándose de su pasado guerrillero.
Petro aún no ha respondido a estas acusaciones, pero la delegación de paz del Gobierno con el ELN rechazó las afirmaciones de García, al considerar que el ELN busca distraer de su propia crisis interna al atribuirle responsabilidad al presidente Petro y su consejero comisionado, Otty Patiño.
La relación entre Antonio García y Gustavo Petro ha sido complicada, marcada por diferencias ideológicas y críticas mutuas. Aunque ambos han mostrado interés en los diálogos de paz, García ha cuestionado las alianzas políticas de Petro y la efectividad de sus reformas.
El ELN ha expresado su descontento con la respuesta del Gobierno a sus gestos de paz, como el cese unilateral del fuego. Ha habido tensiones en torno a la financiación para la paz y el secuestro, con el ELN acusando al Gobierno de incumplir acuerdos y el Gobierno rechazando sus demandas como inaceptables.