En un informe reciente la Defensoría del Pueblo, ha revelado que el país ha experimentado un inquietante incremento del 34% en los conflictos sociales durante el período de enero a agosto de 2023 en comparación con el mismo lapso del año anterior.
El Observatorio de Conflictividad Social, en su último reporte registró un total de 1.080 conflictos sociales durante estos ocho meses del presente año.
Los motivos detrás de estos conflictos son diversos y abarcan una amplia gama de preocupaciones que afectan a la sociedad. Entre ellos, se destacan cuestiones laborales, garantías en el ámbito educativo, inversión estatal, problemas en el sector del transporte, derechos fundamentales como el derecho a la vida, integridad y seguridad, así como deficiencias en los servicios públicos domiciliarios.
Un aspecto particularmente preocupante resaltado en el informe es el incremento del 100% en el uso de bloqueos de carreteras como método de protesta. Estos bloqueos, que se han vuelto cada vez más comunes, han afectado a varios departamentos del país y están relacionados con temas como el programa de sustitución de cultivos ilícitos, problemas de infraestructura vial y crisis humanitarias.
La Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno a llevar a cabo un seguimiento más riguroso de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con las comunidades y organizaciones sociales. Este enfoque se considera esencial para prevenir futuros conflictos y episodios de violencia en el país.
El Defensor del Pueblo también ha hecho un llamado a los alcaldes y gobernadores, instándoles a participar activamente en las mesas de diálogo y a abordar las problemáticas sociales subyacentes que están en el corazón de estos conflictos.