El Proyecto de Ley de Financiamiento, presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene como objetivo recaudar $12 billones para equilibrar el Presupuesto General de la Nación 2025 y enfrentar los desafíos económicos tras la desaceleración de 2023. La ley se enfoca en tres pilares: la recaudación fiscal, incentivos a la inversión privada, y medidas para la sostenibilidad fiscal y acción climática.
Recaudación y estímulos económicos
La reforma propone reducir el Impuesto de Renta para Personas Jurídicas (IRPJ) del 35% al 30% para 2029, con tarifas marginales según los ingresos de las empresas. Las pequeñas y microempresas también recibirán una reducción adicional de tres puntos, dejando su impuesto en un mínimo del 27%. Además, se eliminará el Régimen Simple de Tributación (RST) en favor de un sistema de tarifas diferenciadas basado en ingresos.
Transición energética y sostenibilidad
El proyecto introduce bonos de transición energética, que permitirán deducir el 50% de las inversiones en Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Estos bonos podrán ser negociados en el mercado. También se eximirá del IVA la adquisición de maquinaria y equipos para la producción de energía renovable. En paralelo, se aumentará gradualmente el impuesto al carbono hasta $75.000 por tonelada de CO2, impactando a las industrias extractivas como el carbón y el petróleo.
Incentivos para el turismo y ajustes impositivos
Se excluye del IVA los servicios turísticos en municipios con menos de 200.000 habitantes para promover el turismo sostenible. También se introducirá un impuesto al patrimonio para personas con altos ingresos y activos improductivos, y se incrementará el impuesto a las ganancias ocasionales del 15% al 20%.
Medidas contra el fraude fiscal
El proyecto fortalecerá la fiscalización tributaria con nuevas medidas, como multas de hasta $50 millones por evasión fiscal, recompensas de hasta el 20% del monto recuperado para denunciantes, y ajustes en la retención en la fuente para mejorar la eficiencia del recaudo.
Impacto económico esperado
Se estima que la implementación de estas medidas generará un crecimiento económico adicional del 0,4% en 2025 y un promedio de 0,2% entre 2026 y 2030. El aumento en la recaudación permitirá una inversión pública creciente del 20% en 2025, favoreciendo proyectos de infraestructura y creando empleo en regiones vulnerables.