El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la apertura de una investigación y formulación de cargos contra varios integrantes de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, entre ellos su gerente de campaña Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso, los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, así como los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP). Esta medida incluye la primera y segunda vuelta electoral y fue decidida en una sesión del CNE el 8 de octubre de 2024.
El organismo electoral formuló cargos por presunta violación de los topes de financiación de la campaña, señalando un exceso de $3.709 millones en la primera vuelta y $1.646 millones en la segunda. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la omisión de reportes sobre aportes recibidos, como los $500 millones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), así como pagos no declarados a testigos electorales por más de $931 millones.
Adicionalmente, se acusa a la campaña de no haber reportado gastos por propaganda electoral, transporte aéreo y eventos, incluyendo un pago de $100 millones por el uso del Movistar Arena durante la segunda vuelta. También se identificaron aportes no registrados por parte de la Unión Sindical Obrera (USO) por un valor superior a los $121 millones.
El CNE sustenta su decisión en diversas disposiciones legales, como el artículo 109 de la Constitución y las leyes 1475 de 2011 y 996 de 2005, que regulan el financiamiento de campañas políticas. Entre los cargos también figura la recepción de aportes de personas jurídicas, lo cual está prohibido en el marco de la financiación electoral, destacando los aportes de Fecode, USO e Ingenial Media S.A.S..
El presidente del CNE, César Lorduy, confirmó que esta decisión fue aprobada con siete votos a favor, mientras que las magistradas del Pacto Histórico, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, se opusieron a la formulación de cargos.