La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, a pesar de su reciente designación como Gestor de Paz por parte del Gobierno Nacional.
En su fallo del 13 de noviembre de 2024, el tribunal subrayó que, aunque la búsqueda de la paz es legítima, no debe superar los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
La Corte consideró que la Resolución Presidencial que nombró a Mancuso carece de proporcionalidad y presenta vacíos importantes. Un aspecto clave señalado fue la falta de un plazo definido para su designación, lo que, según el tribunal, podría enviar un «mensaje equivocado» a las víctimas.
Además, cuestionó la posibilidad de otorgar la libertad sin condiciones claras y sin una contribución tangible de Mancuso a la verdad y la reparación.
El tribunal también rechazó los argumentos de la defensa sobre vincular el fin del conflicto armado con la duración de la gestión de Mancuso, calificándolo como una «meta vaga».
La Corte también expresó dudas sobre cómo la intervención de Mancuso podría realmente contribuir a la paz, dada la falta de evidencia de su influencia sobre los grupos armados actuales. Esta decisión establece un precedente sobre los límites de los beneficios en los procesos de paz para quienes han sido responsables de violaciones graves de derechos humanos.