La Defensoría del Pueblo, bajo el liderazgo de Iris Marín, ha emitido un llamado urgente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que revoque el paro armado anunciado en la región del Chocó, previsto para iniciar el sábado 9 de noviembre. Este paro, que afectará a más de 45.000 personas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, se ha considerado una violación grave a los derechos fundamentales de las comunidades locales, en su mayoría afrodescendientes e indígenas.
“Hacemos un llamado contundente al ELN: revoque el paro armado indefinido anunciado a partir de este 9 de noviembre en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, que afectará gravemente a las comunidades de la subregión chocoana del San Juan”, afirmó la Defensoría en su pronunciamiento. Según la entidad, esta medida impuesta por el grupo armado es el tercer confinamiento en la zona en lo que va del 2024, lo cual ha generado condiciones de alta vulnerabilidad y una crisis humanitaria persistente.
La Defensoría ha subrayado las repercusiones que el paro armado podría tener en el acceso a bienes y servicios esenciales, así como en el ejercicio de los derechos a la movilidad y al trabajo de los habitantes. Iris Marín también cuestionó la coherencia del ELN en su supuesta búsqueda de la paz y su autoproclamado carácter político, señalando que “¿Cuál es la coherencia entre estos actos y la búsqueda de la paz y el carácter político que pregona el ELN?”. Este cuestionamiento resalta la contradicción entre los actos de intimidación armada y el diálogo que la guerrilla sostiene actualmente con el Gobierno colombiano.
El llamado de la Defensoría del Pueblo ocurre en un contexto en el que recientemente se llevó a cabo una reunión en Caracas, Venezuela, entre representantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro y delegados del ELN. En esta reunión, ambas partes acordaron retomar las conversaciones de paz, pero el anuncio de este nuevo paro armado pone en entredicho el compromiso del grupo insurgente con la reducción de la violencia y el respeto a los derechos de las comunidades.
En el Chocó, la preocupación y el temor aumentan ante el inicio de esta medida de presión que afecta de manera directa a 85 comunidades afro e indígenas. Las autoridades locales y organizaciones de derechos humanos también han alertado sobre el impacto negativo de estas restricciones impuestas por el ELN, que en la práctica confinan a miles de personas y alteran drásticamente sus condiciones de vida.Con este pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo busca que el ELN reconsidere su decisión y priorice la protección de la vida y los derechos de las poblaciones afectadas, mientras persiste el desafío de alcanzar una paz estable y duradera en esta región del país.