La administración de Francisco Rossi al frente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) enfrenta una creciente presión. Distintos sectores, incluyendo el Congreso de la República y organizaciones de pacientes, han solicitado su renuncia debido a sus polémicas declaraciones sobre la demora en la aprobación de medicamentos y nuevas tecnologías para el tratamiento de enfermedades huérfanas, argumentando que «son muy caros». Esta justificación ha desatado el descontento de numerosos pacientes y defensores de la salud pública, quienes ven en estas demoras una falta de compromiso con los derechos de los enfermos más vulnerables.
En las últimas semanas, pacientes con enfermedades graves han protestado frente al Ministerio de Salud, exigiendo que se les garantice acceso a los medicamentos necesarios para su supervivencia. Estas manifestaciones reflejan la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano, donde el acceso a tratamientos innovadores y costosos se ha convertido en un tema crítico. Los pacientes y sus familias alegan que las políticas restrictivas del Invima afectan directamente su calidad de vida, mientras que algunos legisladores argumentan que la gestión de Rossi representa una barrera para la implementación de tratamientos efectivos.
Por su parte, desde el Congreso se ha elevado el tono de la discusión, señalando la necesidad de un cambio en la dirección de la entidad. Parlamentarios sostienen que las prioridades del Invima deben estar alineadas con las necesidades de la población más vulnerable y no únicamente con criterios económicos. Esta controversia ha intensificado la presión sobre Rossi, quien enfrenta una ola de críticas y cuestionamientos sobre la efectividad y la ética de su liderazgo.
En medio de esta situación, la renuncia de Rossi es vista por varios sectores como una posible solución para desbloquear el acceso a medicamentos vitales y reducir las tensiones entre el Invima y los actores del sistema de salud. La crisis, sin embargo, plantea una pregunta más amplia sobre la sostenibilidad del modelo de salud colombiano y los desafíos que enfrentan las entidades reguladoras para equilibrar la eficiencia económica con la equidad en el acceso a la salud.