El presidente Gustavo Petro defendió su alocución del 4 de septiembre en la que reveló un documento de la autoridad fiscal de Suiza sobre la compra del software de espionaje Pegasus, argumentando que su intervención fue legal y necesaria para la seguridad del país. En su respuesta a la decisión del Consejo de Estado, que admitió una tutela en su contra, Petro afirmó que no se puede acorralar a un presidente en sus decisiones y que su discurso se enmarca en el respeto a la libertad en una democracia.
La alocución de Petro había causado controversia, ya que mencionó la transferencia de 11 millones de dólares en efectivo de Colombia a Israel, supuestamente para la adquisición del software por parte del gobierno de Iván Duque. En su mensaje, el presidente solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que iniciara investigaciones al respecto, enfatizando la gravedad de las acusaciones que vinculaban al anterior gobierno con posibles prácticas de espionaje a la oposición.
Sin embargo, el Consejo de Estado destacó que, hasta el momento, no se han presentado pruebas sobre el uso de Pegasus en el país, lo que ha generado un intenso debate. La situación ha tenido repercusiones significativas a nivel internacional, incluyendo una sanción del Grupo Egmond, que investiga movimientos financieros sospechosos, por la divulgación de información confidencial por parte del gobierno colombiano.