El contratista cordobés Emilio Tapia Aldana ha aceptado su responsabilidad en el emblemático caso de corrupción del proyecto Centros Poblados, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General. Este acuerdo incluye la devolución de 5.000 millones de pesos del anticipo recibido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Tapia, conocido previamente por su implicación en el «carrusel de la contratación» en Bogotá, admitió haber incurrido en delitos como peculado por apropiación agravado, cinco fraudes procesales y siete falsedades ideológicas en documento privado.
Detalles del preacuerdo
Según el acuerdo, Tapia cumplirá una condena de 76 meses de prisión, pagará una multa de 4.700 millones de pesos y estará inhabilitado para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo. Asimismo, se comprometió a ofrecer excusas públicas y respaldar la devolución del dinero con dos bienes inmuebles y pagarés firmados como codeudor. Sin embargo, su detención continuará en un centro carcelario, dada la gravedad de los delitos cometidos contra la administración pública.
Una red de corrupción que impactó el desarrollo rural
La investigación reveló que, en 2019, Tapia operó desde las sombras en la Unión Temporal Centros Poblados, utilizando documentos falsos para adjudicarse el contrato 1043 de 2020. Este contrato, valorado en un billón de pesos, estaba destinado a llevar Internet a 7.000 escuelas rurales. Pese a la promesa, los recursos fueron desviados para adquisiciones personales, como apartamentos, obras de arte y vehículos de lujo. Del total recibido, Tapia repartió 1.118 millones de pesos entre sus socios y utilizó 6.182 millones para fines personales.
Próximos pasos judiciales
El preacuerdo, que será evaluado el próximo 18 de febrero por un juez en Bogotá, busca garantizar el resarcimiento de los recursos públicos. La Fiscalía, además, planea utilizar a Tapia como testigo clave en procesos adicionales. Este caso, que simboliza el impacto de la corrupción en proyectos estratégicos, deja en evidencia los desafíos de garantizar el desarrollo social y la conectividad rural en Colombia.
Con este fallo, se espera no solo recuperar los recursos malversados, sino también enviar un mensaje claro contra la impunidad en los casos de corrupción de gran envergadura.