En un histórico fallo, el Juez Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga condenó al exalcalde de la ciudad, Luis Francisco Bohórquez Pedraza, a 17 años y 11 meses de prisión. La sentencia lo declara culpable por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en el marco del caso de corrupción conocido como «Manantial de Amor».
La investigación, que se extendió por ocho años, reveló graves irregularidades cometidas durante la administración de Bohórquez (2012-2015). Según el fallo, el exmandatario otorgó contratos por un valor cercano a los $17.000 millones a miembros de la iglesia cristiana «Manantial de Amor», a la que asistía regularmente.
El juez señaló en su decisión:
“Frente a Luis Francisco Bohórquez Pedraza, acusado como servidor público que ejerció como alcalde municipal de Bucaramanga durante el periodo 2012 y 2015, el sentido del fallo es condenatorio, de responsabilidad penal”.
Entre los contratos que motivaron la condena se encuentran el contrato 152 de 2013, el 114 de 2014, el 365 de 2015 y otros, todos adjudicados bajo esquemas irregulares que configuraron un concurso homogéneo y sucesivo de interés indebido y peculado por apropiación.
El fiscal Andrés Cornelio Rodríguez, Octavo de Delitos contra la Administración Pública, había solicitado una pena de 16 años y 8 meses; sin embargo, el juez decidió aumentar la condena al considerar la gravedad del daño causado a las finanzas del municipio y la confianza de los ciudadanos.
Bohórquez, quien cumplía detención domiciliaria, será trasladado en los próximos días a un centro penitenciario. Su defensa ya anunció la apelación del fallo.
Más condenados en el caso «Manantial de Amor»
La red de corrupción no solo involucra a Bohórquez. Otros exfuncionarios y contratistas también recibieron penas considerables:
- Clemente León, exsecretario de Infraestructura: 21 años de prisión.
- Gloria Durán, exdirectora de Alumbrado Público: 16 años y 11 meses.
- Leonardo Luna, contratista y concuñado del exalcalde: 8 años y 8 meses.
- Oscar Benavides, contratista y miembro de la iglesia: 16 años y 5 meses.
- Uriel Ávila, contratista y miembro de la iglesia: 11 años y 7 meses.
Este fallo, además de imponer severas sanciones penales, representa un llamado de atención sobre la importancia de la transparencia en la gestión pública y la necesidad de combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno.