Este 9 de enero de 2024 la opinión pública fue sorprendida con el anuncio oficial de la renuncia del fiscal encargado del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado donde reveló que el fiscal dimitió argumentando razones personales, vinculadas a la salud de su familia.
Este inesperado suceso llega en un momento crucial, justo cuando se anticipaba el momento en el que la Fiscalía tomaría una decisión trascendental: determinar, por tercera vez, si solicitaba la preclusión del caso contra Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos o si formalizaba una acusación en su contra.
Ante la vacante dejada por el fiscal saliente, la Fiscalía General de la Nación anunció que el caso será transferido al fiscal 12 delegado ante la Corte. El objetivo es garantizar la continuidad de la investigación relacionada con el proceso contra el exmandatario, quien enfrenta acusaciones de fraude procesal y soborno de testigos.
El origen de este caso se remonta a 2012, cuando Álvaro Uribe demandó al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. La acusación sostenía un supuesto complot con falsos testigos para vincular al expresidente con grupos paramilitares. Sin embargo, la investigación del alto tribunal dio un giro inesperado, resultando en acusaciones contra Uribe y su abogado por ofrecer beneficios a testigos a cambio de modificar sus declaraciones.
El senador Iván Cepeda no tardó en expresar su opinión a través de Twitter, dirigiéndose al Fiscal Barbosa: «Fiscal Barbosa, los términos judiciales no son personales, sino institucionales. No se puede seguir dilatando eternamente en el tiempo la decisión en el caso del expresidente Uribe con la esperanza de su prescripción».
La renuncia del fiscal encargado introduce una nueva capa de complejidad a un caso que ha capturado la atención pública y generado intensos debates. Las incógnitas sobre el futuro de la investigación y las posibles implicaciones para el expresidente Álvaro Uribe se vuelven más prominentes. La incertidumbre persiste, y la ciudadanía espera respuestas claras en este enigmático capítulo judicial.