Fiscalía abre investigación por los hechos ocurridos en Tierralta

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Fiscalía abre investigación por los hechos ocurridos en Tierralta
La Fiscalía General de la Nación ha anunciado una investigación formal en respuesta a los perturbadores videos que circulan en redes sociales. Estos videos muestran a hombres fuertemente armados, aparentemente disfrazados de disidencias de las Farc, intimidando a la población civil de la vereda El Mando, ubicada en la zona rural de Tierralta, Córdoba.

El anuncio de la investigación se produce en medio de una creciente polémica nacional ya que algunas versiones sugieren que los individuos armados podrían ser miembros de las fuerzas militares enmascarados. Fuentes del Ejército Nacional han confirmado que están llevando a cabo investigaciones internas para identificar a los responsables de este inquietante incidente que ha sembrado el miedo entre los habitantes de la vereda.

La Fiscalía ha desplegado un equipo de fiscales investigadores en colaboración con la Dirección Nacional de Derechos Humanos, que ya ha iniciado procedimientos urgentes y se dirige al terreno para profundizar en los detalles del incidente.

Los videos compartidos en las redes sociales son preocupantes mostrando a los individuos en cuestión vestidos con uniformes de uso exclusivo de las fuerzas militares, ocultando sus rostros detrás de pasamontañas y portando armas largas como fusiles. Además, las imágenes capturan momentos de tensión y confrontación con los habitantes locales, lo que ha aumentado la inquietud en la comunidad.

La posible implicación de miembros del Ejército Nacional en este incidente plantea serias preguntas sobre las circunstancias y motivaciones detrás de estos actos. Por lo tanto, se espera que el Ejército colabore plenamente con las investigaciones para esclarecer cualquier conexión y garantizar la rendición de cuentas si es necesario.

La comunidad en Tierralta, Córdoba, sigue en alerta y exige respuestas claras en medio de esta incertidumbre. La investigación en curso es fundamental para restablecer la confianza en las instituciones de seguridad y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos afectados.