Los departamentos de Córdoba, Sucre y La Guajira han sido los más afectados en los últimos cinco años.
La Fiscalía General de la Nación ha dado un importante paso en la lucha contra la delincuencia al poner a disposición de la Policía Nacional un total de 265 órdenes de captura contra miembros del temido grupo criminal conocido como el ‘Clan del Golfo’. Estas acciones tienen como objetivo llevar ante la justicia a los responsables de una serie de delitos que han afectado gravemente la vida y la seguridad de los habitantes de los departamentos de Córdoba, Sucre y La Guajira en los últimos cinco años.
Entre las órdenes de captura emitidas se destaca la busca y captura de alias «Gonzalito», uno de los principales cabecillas del ‘Clan del Golfo’. Asimismo, se busca aprehender a otros líderes y personas que forman parte de las estructuras conocidas como Arístides Mesa Páez, Central Urabá, Nelson Darío Hurtado Simanca y Roberto Vargas Gutiérrez, quienes también son considerados piezas clave en la organización criminal.
Las órdenes de captura abarcan una amplia gama de delitos graves, incluyendo homicidio, terrorismo, extorsión, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, así como fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, entre otros.
Según los elementos de prueba obtenidos, existe una fuerte sospecha de que las personas requeridas están involucradas en una serie de acciones criminales llevadas a cabo por el ‘Clan del Golfo’ tras la captura y extradición de alias «Otoniel», otro miembro importante de la organización. Estas acciones incluyen ataques directos a la fuerza pública, como el infame «Plan Pistola», así como asesinatos selectivos y ataques violentos contra la población civil.
Es fundamental destacar que, en este momento, la situación jurídica de las personas relacionadas está pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente. Por lo tanto, se debe respetar el principio de presunción de inocencia, tal como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 70 de la Ley 906 de 2004. La justicia deberá evaluar las pruebas presentadas y determinar la culpabilidad o inocencia de cada individuo acusado.