En la región de Córdoba y Bajo Cauca, los grupos armados ilegales Clan del Golfo y ELN están ejerciendo un férreo control sobre la actividad minera, cobrando sumas millonarias a los mineros a cambio de permitirles operar en la zona.
Según las autoridades militares, esta extorsión no solo afecta a los mineros formalizados, sino también a aquellos que operan sin licencia, y se estima que los grupos armados están recaudando más de 10 millones de pesos mensuales.
La minería ilegal es una de las principales fuentes de financiamiento para estos grupos armados, y las autoridades están trabajando para desmantelar estas redes y proteger a los mineros y las comunidades locales.