En la noche del jueves 15 de agosto, el presidente Gustavo Petro fue informado sobre un supuesto plan para atentar contra el Palacio de Justicia de Bogotá, sede de las altas cortes en Colombia. La alerta llegó a través de un informe de la Policía Nacional, tras realizar allanamientos al sur de Bogotá, donde se encontraron maletas con explosivos y maquetas del Palacio. Esta situación provocó la convocatoria de un Consejo de Seguridad extraordinario, presidido por Petro y con la participación del ministro de Defensa, Iván Velásquez.
La alarma ha generado gran preocupación en la cúpula del Estado colombiano, que ha solicitado un refuerzo en la seguridad alrededor de la Plaza de Bolívar, donde se encuentran el Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional, la Alcaldía de Bogotá y la Casa de Nariño. En respuesta, la Presidencia de la República ha anunciado medidas de seguridad adicionales, incluyendo sistemas avanzados de vigilancia, equipos antiexplosivos, drones de monitoreo, y la intervención de unidades especializadas.
El magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, pidió adelantar las investigaciones para garantizar la seguridad de los magistrados, quienes continuarán trabajando con normalidad. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación para determinar los responsables del presunto atentado, en un país donde varios grupos armados ilegales, como el ELN y disidentes de las FARC, tienen presencia en las ciudades.
Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, advirtió que esta amenaza podría poner en riesgo la autonomía judicial y la integridad de sus funcionarios, considerándolo un asunto de seguridad nacional de alta importancia. Asimismo, desde el Congreso de la República se han emitido alertas y se han solicitado medidas urgentes para proteger a los congresistas y funcionarios, mientras militares y unidades especiales de la Policía comienzan a custodiar el Palacio de Justicia en Bogotá.