El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal, soborno en actuación penal y manipulación de testigos, ha reanudado sus audiencias preparatorias. Durante la sesión del 28 de noviembre, Uribe calificó su caso como uno de «enorme connotación política», afirmando que ha limitado su derecho a oponerse legítimamente al gobierno de Gustavo Petro.
Uribe también reiteró su defensa frente a las acusaciones de que su abogado, Diego Cadena, habría intentado sobornar a exparamilitares para desvincularlo de actividades ilegales con esa organización. Según Uribe, no ordenó a Cadena sobornar testigos, sino que lo envió a corroborar información y buscar la verdad.
Por su parte, el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados Peña, pidió al Tribunal Superior de Bogotá excluir pruebas que considera ilegales, como interceptaciones telefónicas realizadas en 2018 por la Corte Suprema de Justicia. Granados argumentó que estas grabaciones vulneran los derechos del expresidente y violan el secreto profesional entre abogado y cliente.