El alero tribunal señaló que a partir del 2026 ya no serán 1.300, sino 1.000.
La Sala Plena de la Corte Constitucional ha decidido eliminar la exigencia de 1.300 semanas de cotización que las mujeres debían cumplir para acceder a la pensión de vejez. Esta medida, que se consideraba una forma de discriminación indirecta contra las mujeres, fue revocada luego de que se determinara que no tenía en cuenta las barreras y dificultades que enfrentan para acceder y mantenerse en el mercado laboral, así como las responsabilidades del cuidado del hogar.
La Corte Constitucional argumentó que el requisito de igualar el número de semanas cotizadas entre hombres y mujeres no se ajustaba a las obligaciones constitucionales de eliminar la discriminación de género. Además, señaló que la edad pensional actual (62 años para hombres y 57 años para mujeres) resulta insuficiente para cumplir con el mandato de superar la discriminación por razones de género. También se resaltó que las mujeres deben cumplir con las mismas semanas cotizadas que los hombres en menos tiempo, lo cual genera un sacrificio desproporcionado de sus derechos.
En su fallo, la Sala Plena instó al Congreso y al Gobierno Nacional a establecer un régimen que garantice el acceso efectivo a la pensión de vejez para las mujeres, especialmente para aquellas que son cabezas de familia, con el objetivo de cerrar la histórica brecha de género en este aspecto.
La Corte Constitucional determinó que los efectos de esta decisión entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026 en caso de que no se adopten medidas adicionales. En consecuencia, la exigencia de semanas cotizadas para las mujeres se reducirá en 50 para el año 2026 y en 25 a partir del 2027, hasta alcanzar un total de 1.000 semanas.
Este fallo representa un paso significativo hacia la equidad de género en el sistema de pensiones, ya que busca reconocer las realidades y desafíos particulares que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y familiar. Ahora queda en manos del Congreso y el Gobierno Nacional definir un régimen que garantice un acceso justo y equitativo a la pensión de vejez, promoviendo la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y cerrando la brecha histórica de género en esta área.