Gustavo Petro, presidente de la República, generó controversia al decretar un Día cívico obligatorio en todo el territorio nacional para el lunes 15 de julio de 2024, con motivo del partido de la Copa América en el que la selección colombiana se enfrentará a Argentina. Utilizando sus redes sociales, insistió en que su decreto debe ser acatado por todos los ciudadanos y autoridades locales, incluyendo los alcaldes y gobernadores que se han opuesto a la medida. “Los decretos del gobierno nacional se cumplen. Así que al pueblo antioqueño y cartagenero, y a todo el pueblo colombiano, el presidente decreta: el lunes a festejar en paz. La alegría no se prohíbe”, declaró en una publicación a través de su cuenta de X, generando un amplio debate.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, fue una de las autoridades locales que expresó desacuerdos con el decreto presidencial. Rendón aseguró que los funcionarios en La Alpujarra no respetarán el día cívico decretado y continuarán con sus labores de forma regular el lunes 15 de julio, independientemente del resultado del partido. Petro replicó a estas declaraciones, enfatizando que “el decreto es obligatorio para todas las autoridades locales del país que no cuenten con autonomía constitucional”.
Para aclarar las implicaciones legales del decreto, el abogado constitucionalista Andrés Úsuga explicó durante una entrevista con El Colombiano que “la autonomía constitucional solo la tienen instituciones como el Banco de la República, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Universidades públicas y la Comisión Nacional del Servicio Civil”. Esto sugiere que el alcance del decreto presidencial está limitado y no puede ser impuesto a nivel territorial si dichas entidades gozan de autonomía.
Santiago Trespalacios, otro abogado experto en derecho constitucional, enfatizó que la Constitución Política colombiana, en su artículo 1, garantiza la autonomía administrativa a las entidades del orden territorial, lo que significa que alcaldías y gobernaciones pueden decidir si acatar o no el decreto. Trespalacios precisó a El Colombiano: “Solo es vinculante para las entidades del orden nacional de los niveles centrales y descentralizados de la rama ejecutiva. Para las del orden territorial es facultativo”.
El decreto 0880, firmado por la mayoría del gabinete presidencial, especifica en su artículo 3 que el decreto “exhorta” a las entidades territoriales, los entes autónomos y las ramas del poder público Judicial y Legislativa a acoger el día cívico. “Autónomas en decidir si otorgan como día no hábil el 15 de julio de 2024, para conmemorar el Día Cívico de la Convivencia y la Celebración Deportiva”, se lee en el documento.
El conflicto entre el ejecutivo nacional y las autoridades locales resalta las tensiones sobre la autonomía regional y el centralismo en el país. Con esta medida, el presidente Petro intenta ejercer presión sobre los mandatarios regionales para que acaten su decreto, pero su capacidad de imposición es limitada por el marco legal vigente. La controversia también destaca la necesidad de claridad en la interpretación de las competencias constitucionales y las repercusiones de los decretos presidenciales en el ámbito local.