Sindicatos, empresarios y el Gobierno nacional están próximos a iniciar las conversaciones para definir el aumento del salario mínimo de 2025. Este diálogo se desarrollará en un contexto en el que la inflación ha mostrado una tendencia a la baja, ubicándose en un 5,81% anual hasta septiembre, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Algunas proyecciones ya comienzan a tomar fuerza, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha adelantado que el incremento seguirá los lineamientos legales, sugiriendo que podría ser de un solo dígito, a diferencia del alza del 12% de 2024, que fijó el salario en $1.300.000.
Óscar Cubillos, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, señaló que los sindicatos podrían solicitar un aumento del 15,4%, lo que llevaría el salario a $1.500.000. Los empresarios, por su parte, estarían planteando un incremento más moderado, iniciando en un 6%.
Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, subrayó que solo el 18% de los trabajadores colombianos dependen del salario mínimo, debido a la alta informalidad laboral, y sugirió un aumento de entre el 7% y 8%. Asimismo, aclaró que no todos los salarios se incrementan de la misma forma.
Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), prevé que este año la discusión tendrá un tono más político que económico. Indicó que los empresarios parecen poco dispuestos a llegar a un acuerdo con el Gobierno, recordando que en años anteriores el incremento fue decretado por el Ejecutivo sin el consenso de los empleadores. Arias aseguró que los sindicatos pedirán un aumento de dos dígitos, centrando sus demandas en los trabajadores más afectados por el costo de vida y proponiendo incluir temas como el precio de los arriendos, los servicios públicos y el diésel.
Aunque Arias apoya algunas políticas del actual gobierno, reconoce la necesidad de seguir exigiendo respuestas ante los problemas que afectan a los trabajadores. Finalmente, considera que, al igual que el año pasado, el aumento del salario mínimo podría definirse por decreto, dada la creciente polarización política en la mesa de negociación.