El decreto fue suspendido por el Consejo de Estado, las funciones reguladoras de servicios públicos van a ejercer de manera ordinaria.
Los abogados Julián David Solorza Martínez y Lucas Arboleda Henao, presentaron una demanda que solicita la nulidad a la medida cautelar de urgencia, que consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023 «Por el cual se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones».
«Se decreta la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto 227 de 16 de febrero de 2023, acto administrativo suscrito por el presidente de la República, por los ministros: de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, y de Vivienda Ciudad y Territorio, y por el director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, de conformidad con las razones expuestas en el presente proveído», decidió el Consejo de Estado.
El consejero de Estado, el doctor Roberto Serrato Valdés, accedió al decreto de la medida cautelar solicitada por los demandantes, luego de considerar que esta resultaba impostergable en atención a la temporalidad (tres meses) de la decisión administrativa materia de control. La suspensión inmediata de los efectos del acto acusado, así decretada, impide al presidente de la República asumir las funciones asignadas a las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios, a que se refieren las leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas concordantes.
En primer lugar, se encontró que se omitió el deber de publicar el proyecto de acto administrativo regulatorio demandado por el término de quince (15) que señalan las normas aplicables y, además, no se justificó, de manera adecuada y razonada, el motivo por el cual se dispuso.
La decisión señala entonces que el Consejo de Estado ordenó unas medidas cautelares y suspendió el decreto, eso significa que las funciones reguladoras de servicios públicos van a ejercer sus funciones de manera ordinaria, es decir, normal.