La polémica en torno a la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, quien se quitó la vida el pasado 19 de julio durante su residencia en cirugía en la Universidad Javeriana, ha sacudido profundamente al sector salud y educativo en Colombia. Este trágico suceso ha puesto en evidencia una cultura de maltrato, acoso laboral y violencia dentro de los programas de especialización médica, como lo refleja la carta de despedida que dejó Catalina a sus compañeros y las declaraciones de otros profesionales de la salud sobre las difíciles condiciones en las que se desarrollan estas especialidades.
Varias entidades y gremios, como la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), han reaccionado pidiendo la creación de una Política de Talento Humano en Salud que garantice la seguridad de los profesionales, técnicos, tecnólogos y auxiliares en el sector. La ACSC lamentó profundamente el hecho, condenó las circunstancias y solicitó investigaciones pertinentes por parte de las autoridades.
El Ministerio de Educación, ejerciendo sus funciones de inspección y vigilancia, anunció una visita preventiva a la Pontificia Universidad Javeriana para evaluar las condiciones de calidad de los residentes en los programas de salud, así como las acciones implementadas para prevenir y atender riesgos de salud física y mental. También se resaltó la importancia de un sistema de alertas para detectar señales de angustia entre los estudiantes y se instó a priorizar la salud mental en las instituciones de educación superior.
La Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia (Ascemcol) expresó su consternación y denunció el acoso y maltrato sistemático hacia los médicos residentes y estudiantes por parte de docentes y administrativos. De igual manera, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) exigió a la Universidad Javeriana la implementación de medidas efectivas para proteger la salud mental de los estudiantes.
En respuesta, la Universidad Javeriana reconoció la necesidad de fortalecer sus estrategias de cuidado y anunció un proceso de diálogo con residentes y docentes para establecer acciones concretas. También se comprometió a investigar cualquier irregularidad en sus procedimientos y tomar las medidas necesarias para garantizar el bienestar de su comunidad.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, deberá comparecer ante el Congreso en un debate de control político para explicar las acciones que se implementarán para erradicar la violencia hacia los estudiantes. Además, se recordaron las líneas de apoyo para temas de salud mental disponibles en diversas ciudades del país, como Medellín, Antioquia, Bogotá, Boyacá y Cali.