El Tribunal de Bogotá emitió un contundente fallo ordenando al Ministerio del Interior y a otras entidades estatales garantizar atención integral a 170 mujeres y niños indígenas albergados por la Fundación Predicadores de la Misericordia, quienes han soportado más de un año de abandono en una casa del centro de Bogotá.
La fundación asumió la protección de los indígenas tras rescatarlos de una amenaza de violación masiva en La Rioja, confiando en el compromiso del Ministerio del Interior de brindar ayudas y gestionar su reubicación. Sin embargo, esas promesas quedaron en el aire, dejando a la fundación enfrentando deudas que superan los 700 millones de pesos, acumuladas por el alquiler del lugar y la cobertura de necesidades básicas como alimentación y salud.
Ante la falta de acción estatal, los indígenas acudieron a la justicia, pero inicialmente un juzgado negó sus pretensiones. Ahora, el Tribunal de Bogotá ha revertido esa decisión, ordenando al Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la Secretaría de Gobierno de Bogotá actuar de forma conjunta para atender a esta población vulnerable.
La sentencia establece un plazo de seis meses para que el Estado garantice componentes esenciales como atención humanitaria, etnoeducación, y reubicación o retorno de los afectados. El fallo recalca que estas acciones no son opcionales, sino un deber constitucional.
El padre Michael, representante legal de la fundación, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que intervenga personalmente en la solución de esta crisis. «Es urgente que el Estado cumpla con su responsabilidad. Nosotros hemos hecho todo lo posible, pero ya no podemos seguir sosteniendo algo que no nos corresponde», declaró el sacerdote.
El ultimátum del Tribunal pone presión sobre el Gobierno para resolver una situación que ha dejado expuesta la fragilidad de las políticas públicas en la protección de comunidades indígenas desplazadas y vulnerables.