Después de someterse a una audiencia de versión libre de cuatro horas ante la Fiscalía General de la Nación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez negó el lunes 27 de noviembre, en una rueda de prensa, cualquier responsabilidad en la masacre de El Aro en Antioquia y en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
La solicitud de esta diligencia judicial surgió a raíz de las acusaciones formuladas por Salvatore Mancuso, exlíder de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien, durante la audiencia de reconocimiento de verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afirmó que Uribe Vélez «siempre tuvo conocimiento» de las operaciones de la estructura paramilitar.
En su declaración, Uribe Vélez mencionó la violencia política en Antioquia en la década de 1960, que obligó a su familia a trasladarse a Córdoba en busca de tierras, entre Tarazá (Antioquia) y Uré (Córdoba). Posteriormente, se estableció en Planeta Rica y Montería debido al accionar del entonces Ejército Popular de Liberación (EPL). En respuesta a las alegaciones de Mancuso, el ex presidente criticó la actuación de la JEP, sugiriendo que la institución estaría permitiendo un «juego» para difamarlo, expresando su desconfianza en la credibilidad otorgada a la versión del excabecilla, quien no había mencionado previamente a Uribe en actividades delictivas.
En la conferencia de prensa, Uribe Vélez acusó a la JEP de buscar dar impunidad a Mancuso a cambio de acusaciones infundadas en su contra, considerando esta situación como irresponsable y un intento de afectar su reputación con el objetivo de verlo tras las rejas.